El abogado Alparslan Arslan reconoció el pasado viernes ser el autor de los disparos que acabaron con la vida del juez del Consejo de Estado (Consejo General del Poder Judical en España) Mustafa Yücel Özbilgin el pasado mayo. En la primera sesión del juicio el principal acusado por el ataque a una de las más altas instituciones judiciales de Turquía, se declaró también culpable del ataque con granadas al diario izquierdista Cumhuriyet y afirmó que además planeaba atentados contra un centro comercial de Bülent Eczacibasi (uno de los hombres más ricos de Turquía, que también es promotor de la principal fundación cultural de Estambul y "tiene raíces judías", según Arslan); contra Mehmet Ali Birand (famoso periodista turco) y contra Mehmet Ali Erbil (presentador del canal ATV y actor de cine).
Arslan, que durante la primera sesión del juicio intentó escapar en dos ocasiones, se definió como un "soldado de Dios". En los interrogatorios preliminares tras su detención, este abogado había explicado que atacó a los miembros de la sala segunda del Consejo de Estado por haber impedido el ascenso de una directora de escuela que llevaba velo, una decisión que fue muy ciriticada por parte de los compañeros de la docente y por el Gobierno.
El atentado contra el Consejo de Estado provocó una ola de protestas en la sociedad turca contra el gobierno conservador de Recep Tayyip Erdogan, quien sin embargo afirmó que el "estado profundo" (una mezcla de la mafia, las fuerzas de seguridad y movimientos ultranacionalistas) estaban detrás del ataque. Sin embargo, según parece confirmarse, el abogado Alparslan Arslan podría estar ligado a una corriente islamista radical ya que fue interrogado por su militancia en la formación islamista de extrema derecha Partido de la Gran Unión (BBP), una escisión del ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).
Alparslan Aslan se enfrenta ahora a los cargos de "atentado contra el sistema secular turco", "asociación criminal", "asesinato en primer grado" e "intento de asesinato". El resto de los acusados que, supuestamente, formaban la trama de la operación se enfrentan a la acusación de "tentativa de ataque contra el orden constitucional del estado".
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