Andrés Mourenza
Silivri (Turquía)
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado) del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y la oposición kemalista -formada por partidos laicos, parte del ejército y la judicatura- han intensificado su sórdida guerra a pocos meses de las elecciones generales.
En el exterior de la macro-prisión de Silivri, a 50 kilómetros de Estambul, se concentran estos días cientos de personas, muchas de clase alta, para apoyar a los 163 militares imputados en el juicio contra el supuesto plan golpista Balyoz, entre ellos varios comandantes en activo y oficiales de la OTAN. "El ejército y la nación, juntos de la mano, por una Turquía independiente" y "Todos somos soldados, nos bastamos para terminar con el AKP" corean los manifestantes, armados con la bandera turca y retratos de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República.
Según la fiscalía, los altos cargos castrenses acusados en el proceso Balyoz (Mazo) habían planeado atentar contra dos mezquitas de Estambul y forzar una guerra con Grecia para crear un estado de caos tal que permitiese al ejército tomar el poder. El plan estaría ligado al complot Ergenekon, una red ultranacionalista formada por militares, académicos, políticos y periodistas cuyo objetivo sería derribar el gobierno de Erdogan. No es una acusación que se tome a la ligera en Turquía, un país que ha sufrido cuatro golpes de Estado durante su historia democrática.
En el juicio, los 163 imputados, rodeados por gendarmes en el medio de la sala, tratan de comunicarse con sus familiares mediante gestos, escenas que recuerdan los procesos colectivos tras el golpe de 1980, pero, a diferencia de entonces, esta vez son los militares quienes se sientan en el banquillo. "La Justicia actual ya no es Justicia. (El AKP) ha dado un golpe de estado civil y ha creado un Estado basado en el miedo", critica el abogado Kadir Bakoglu, quien recuerda su paso por prisión tras el golpe de 1980 para demostrar que no es un "golpista".
Las detención de una docena de periodistas en el caso Ergenekon en las últimas semanas ha incrementado las críticas sobre el proceso, incluso por parte de analistas e instituciones que en el pasado defendieron al gobierno de Erdogan.
El lunes (14 de marzo), un diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP, el mayor de la oposición) pidió al fiscal de la investigación, Zekeriya Öz, que no haga política en los tribunales y "se presente a las elecciones por el AKP", después de que llamase a declarar a dirigentes del partido kemalista. La petición del fiscal se produce debido a que una de las periodistas imputadas en Ergenekon fue presuntamente acosada por el ex líder del CHP Deniz Baykal, quien se vio obligado a dejar la presidencia de la formación el pasado año tras la publicación de un vídeo sobre sus relaciones extramatrimoniales. El partido ha denunciado el caso como un "complot" para perjudicarle en las elecciones de junio, pero la prensa progubernamental asegura que demuestra la conexión entre Ergenekon y el CHP.
La oposición denuncia que tras la investigación sobre Ergenekon está la cofradía religiosa de Fethullah Gülen -un imán turco exiliado en EEUU y cercano al AKP- cuyos miembros se habrían infiltrado en la policía. Ésta es la tesis sostenida por el periodista Ahmet Sik y el jefe de policía Hanefi Avci, ambos imputados en Ergenekon tras escribir libros sobre Gülen.
En Turquía ya nadie está seguro de la investigación: ¿Hay que fiarse de la Fiscalía? ¿O el gobierno trata de implicar a la oposición de cara a las elecciones? ¿O son los militares quienes falsean pruebas para que parezca una treta del ejecutivo destinada a deshacerse de los opositores y así desacreditar toda la investigación? El rizo se puede rizar ad infinitum pero éstas son las preguntas que se hace cada día la prensa turca.
Un miembro local del AKP en Estambul reconoce que, en Turquía, se está librando "una verdadera guerra" por el poder. Para los favorables a Erdogan, su batalla es por la completa democratización del Estado contra las veleidades golpistas de los opositores, mientras que para los kemalistas se trata de luchar contra el creciente autoritarismo del primer ministro y sus supuestas intenciones de islamizar la sociedad.
El problema es que ninguno quiere atender a las razones del contrario y parece dispuesto a utilizar todo tipo de estratagemas para sobreponerse a sus adversarios.
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Fotografías: Protestas de asociaciones kemalistas y militares retirados en el exterior de la prisión de Silivri, durante la celebración de una de las sesiones del juicio del caso Balyoz el pasado 14 de marzo (Autor: Andrés Mourenza)
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