Vuelve la tensión política a Ankara

---------- La justicia de Turquía abre el proceso para ilegalizar el partido de Erdogan (El Periódico, 01/04/08) ----------

1. • El Constitucional acepta a trámite la demanda del fiscal contra los islamistas moderados en el poder 2. • El Gobierno quiere enmendar la Carta Magna para dificultar la prohibición de fuerzas políticas ANDRÉS MOURENZA ESTAMBUL

El Tribunal Constitucional de Turquía decidió ayer por unanimidad abrir un proceso de ilegalización contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que gobierna con casi la mitad de los votos de los electores del país, y que podría provocar la inhabilitación política durante cinco años de 71 de sus dirigentes, incluidos el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Estado, Abdulá Gül. La acusación del fiscal general del Estado es que el PJD se ha convertido en "el núcleo de actividades antilaicas". Era una decisión previsible dada la politización del sistema judicial que, en muchos casos, se considera el último bastión del laicismo oficial junto a los militares. De hecho, en la historia republicana de Turquía, 26 partidos políticos han sido ilegalizados por el Constitucional, desde nacionalistas kurdos a islamistas e incluso ecologistas, aunque los más afectados han sido los partidos de izquierda. Solo 17 procesos de ilegalización han sido rechazados, lo que ha llevado a los analistas a criticar que el país se ha convertido en "una tumba de partidos políticos". EL ANTECEDENTE Como ya ocurrió la pasada primavera, cuando el Tribunal Constitucional invalidó el primer intento de elección presidencial de Gül, los jueces han vuelto a situarse frente a frente al Gobierno de Erdogan. Ahora, el PJD dispone de un mes para preparar su defensa, tras lo cual el tribunal deberá deliberar por un espacio de hasta seis meses y siete de sus 11 miembros deberían decantarse por la ilegalización para que sea efectiva. Algo no demasiado complicado si se echa mano de los números: ocho jueces del Constitucional fueron nombrados por el anterior jefe de Estado, Ahmet Necdet Sezer, ferviente opositor del partido islamista moderado de Erdogan. "La nación responderá en las urnas, porque no tiene intención de ceder sus libertades", avisó Erdogan durante el fin de semana. Los dirigentes del PJD consideran que el proceso judicial podría influir positivamente en sus resultados electorales. "Estamos llevando nuestra lucha por cauces democráticos. La historia no perdonará el intento de ilegalización de nuestro partido". ENMIENDA Sin embargo, en la formación de Erdogan no se fían de los jueces y ya han preparado una enmienda constitucional a los artículos 68 y 69 que dificultará la ilegalización de los partidos, lo que ha enfurecido a la oposición y al sistema judicial, que lo consideran una injerencia "inmoral" en un caso abierto. Para su aprobación parlamentaria, el PJD tiene la vista puesta en los nacionalistas kurdos del Partido de la Sociedad Democrática (PSD), que se enfrentan a un proceso de ilegalización similar, al que Erdogan, en cambio, no se ha opuesto. "Nosotros queremos un cambio de toda la Constitución y no encontramos correctas las enmiendas parciales para solucionar los problemas ad hoc. Así no se arreglan las cosas", dijo en declaraciones al diario Sabah Ahmet Türk, jefe del grupo parlamentario kurdo que, con 20 diputados, es clave para las votaciones importantes. La apertura del juicio al PJD viene a añadir más tensión al caos político que vive Turquía desde la aprobación de la enmienda constitucional que supuestamente habría de permitir la entrada de estudiantes con velo a la universidad. Lo cierto es que la reforma no se ha puesto en práctica y el Constitucional debe decidir sobre un recurso interpuesto por la oposición laica. Además, las investigaciones sobre una red de relaciones entre la Mafia y las fuerzas de seguridad, en cuyo marco se ha imputado a exgenerales del Ejército, ha enrarecido el ambiente.