Turquía comienza a eliminar 'de facto' la prohibición del velo (EFE - Heraldo)

Turquía ha comenzado a eliminar la prohibición que impide a las estudiantes acudir cubiertas con el velo islámico a las universidades a través de una serie de medidas de facto en lugar de seguir la vía de aprobación parlamentaria.

El gobierno islamista moderado que dirige Recep Tayyip Erdogan ya trató en 2007 de eliminar esta prohibición al introducir dos enmiendas constitucionales que subrayaban que "nadie puede ser privado, bajo ningún concepto, del derecho a la educación" y que "el Estado turco garantizará la igualdad en el acceso a los servicios públicos". Sin embargo, la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, nacionalista laico), presentó un recurso en el Tribunal Constitucional, que falló contra la reforma, lo que además llevó a un proceso de ilegalización del partido oficialista, que Erdogan salvó por un solo voto.

La reciente llegada a la dirección del CHP del más moderado Kemal Kiliçdaroglu ha posibilitado un consenso entre los principales partidos turcos a favor de eliminar la prohibición. En este marco, la pasada semana, el presidente del Consejo Superior de la Educación (YÖK), Yusuf Zica Özcan, favorable a los islamistas moderados, envió una directiva a las universidades pidiendo que las estudiantes con velo no sean expulsadas de las clases. También, añadió que él mismo garantizará el respeto de los derechos a las estudiantes que no se cubran la cabeza, ya que el mayor temor de los sectores laicos es que, si se permite la entrada de mujeres con velo, presionarán al resto para que sigan esta costumbre islámica.

La judicatura, habitualmente opuesta al gobierno de Erdogan, dio ayer un importante espaldarazo a la liberalización del uso del velo al rechazar la Fiscalía General de la República un recurso contra la directiva de Özcan. "(Las estudiantes) que se cubren con un pañuelo o con un velo son personas. Todas las personas tienen el derecho al estudio y la educación. Este es un derecho universal", justificó la Fiscalía.

El problema que subyace a la prohibición del velo es que no está basada en ninguna ley, ya que en contra de lo que se cree habitualmente, el fundador de la Turquía republicana y laica, Mustafa Kemal Atatürk, nunca proscribió el uso de esta prenda musulmana. La cuestión del velo se convirtió en problemática en la década de los ochenta, cuando se consolidó la emigración de las zonas rurales a las ciudades, la educación se extendió a todos los ámbitos y en las universidades comenzaron a aparecer mujeres con el velo islámico. Fue entonces cuando instituciones de gobierno de la educación como el YÖK, entonces férreamente controladas por burócratas leales a los militares, comenzaron a establecer directivas que impedían entrar a las clases a mujeres con la cabeza cubierta, aunque su aplicación se dejó mayormente en manos del rectorado de las universidades. Sin embargo, tras el golpe militar de 1997 contra el gobierno islamista de Necmettin Erbakan, las universidades, por orden del YÖK, comenzaron a aplicar de forma estricta la prohibición.

Además, el Tribunal Constitucional juzgó en tres ocasiones que asistir a la universidad con velo es contrario al principio del laicismo contemplado en la Carta Magna, reforzando así la prohibición. Según afirma la ONG Human Rights Watch (HRW), la directiva vigente del YÖK obliga a todos los estudiantes universitarios a vestir de acuerdo al código de vestimenta de los funcionarios, por lo que si fuese aplicada a rajatabla también estaría prohibido asistir a las clases con pantalones vaqueros o minifalda. "Esta restricción de la elección del vestido femenino es discriminatoria y viola su derecho a la educación, su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y su derecho a la privacidad", critica HRW la prohibición del velo.

Con todo, una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2005 da la razón a Turquía frente a la queja de una alumna a la que se impidió cursar estudios universitarios si no se despojaba del velo, justificando su decisión en que los Estados tienen derecho a establecer medidas para proteger el laicismo.