Actualmente, hay más de 80.000 guardias rurales, de los que 27.000 son voluntarios y el resto reciben un salario del Estado. La Gendarmería les provee de un fusil Kalashnikov y los utiliza, por su conocimiento de la región, como guías y traductores en las operaciones militares y como vigilantes de caminos. Pero, desde la masacre en mayo pasado de 44 personas de una familia durante una boda en la provincia de Mardin a manos de guardias rurales, este cuerpo de kurdos leales a Ankara instaurado en 1985 para luchar contra el grupo armado PKK ha sido fuertemente criticado.
Yasettin Kesin es uno de estos guardias rurales: en 1985, tras oír noticias sobre asaltos, matanzas y secuestros cometidos por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que un año antes se había alzado en armas para reclamar la independencia de los kurdos, decidió entrar en el cuerpo para defender su pueblo.En su aldea de las montañas de la provincia de Bingöl (Anatolia Oriental), la mayoría siguieron el mismo camino, no sólo por razones de seguridad sino porque, en una región castigada por el desempleo y la pobreza, un sueldo de unos 250 euros al mes no es desdeñable.
Además, en otros muchos lugares del este y el sudeste de Turquía, donde se concentra la población kurda, el ejército obligó a sus habitantes a tomar las armas contra el PKK o abandonar sus pueblos. "En esta zona nos presionaron para que aceptásemos ser guardias rurales, pero nadie quiso, a excepción de los habitantes de dos aldeas", explica Ferit Çelik, alcalde del distrito de Karliova por el partido nacionalista kurdo DTP.
Bingöl y Karliova están unidos por una carretera sinuosa entre montañas pedregosas a cuyos lados aún se observan grupos de nómadas kurdos que han cambiado las tradicionales ´yurtas´ por tiendas de campaña cedidas por organizaciones humanitarias. "Ahora la situación está más tranquila que hace años", cuenta el anciano Abdülselam, un nómada del clan Berita, que en esta época del año abandona el fresco de las alturas, donde se cobijan militantes del PKK, por el abrigo del valle.
Según un informe de la Universidad Atatürk de Erzurum, las aldeas de esta parte del país están compuestas por una sola familia y, debido a ello, sus habitantes actúan siguiendo las normas tradicionales de su familia más que por propio instinto individual. Esta estructura de clan ha sido utilizada por el Estado turco para instaurar el sistema de los guardias rurales, aprovechando las rencillas y los ajustes de cuentas pendientes entre familias. Entre los kurdos nacionalistas, los guardias son marginados por "traidores" y viven bajo la constante amenaza de muerte del PKK, lo que aumenta la espiral de rencor y venganzas.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que al estar protegidos por el Estado, los guardias rurales se sienten impunes a la hora de involucrarse en crímenes y luchas entre clanes. "En Bingöl, en los últimos 20 años, de 3.000 guardias rurales que tenemos, sólo 20 han sido condenados por delitos", destaca el presidente de la Asociación de Mártires de Bingöl, Ziya Sözen, de etnia zaza, un pueblo emparentado con el kurdo. Sözen denuncia que si el gobierno desarma a los guardias rurales, medio millón de personas (entre los paramilitares y sus familias) perderán su medio de subsistencia y que, si se concede una amnistía general a los militantes del PKK, éstos quedarán a merced de las revanchas de los nacionalistas kurdos.
"Nuestros hijos han dado la vida por la patria durante años y ahora (el gobierno) quiere que hagamos las paces con las familias de los terroristas y que recibamos alegremente a esos bandidos de las montañas, simplemente porque afirmen haberse arrepentido. No puedo aceptarlo", añade. "Es cierto que será muy difícil que hagan las paces", reconoce el gobernador provincial, Irfan Balkanlioglu.
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