Andrés Mourenza
Los llamados "grupos de paz" enviados el pasado año a Turquía por la organización armada PKK han regresado al norte de Irak poniendo así fin a la "iniciativa kurda" del gobierno turco, destinada a resolver un conflicto que se ha cobrado unas 45.000 vidas desde 1984. La iniciativa, propuesta el año pasado por el ejecutivo del primer ministro, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, levantó grandes expectativas entre la población kurda del sudeste de Turquía, oprimida durante años por el nacionalismo de Ankara.
Uno de los mayores símbolos de la reconciliación fue la llegada de un grupo de 34 personas procedentes de las montañas iraquíes de Kandil, donde el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) mantiene su comando central, y del campo de refugiados de Mahmur, también situado en el norte de Irak. Los militantes del PKK, que se entregaron a las autoridades turcas a instancia de su encarcelado líder, Abdullah Öcalan, fueron interrogados por varios magistrados, pero puestos en libertad sin cargos de forma casi inmediata.
Los llegados desde Irak fueron recibidos como héroes por miles de simpatizantes y miembros del Partido de la Sociedad Democrática (DTP), la formación pro-kurda con una veintena de diputados en el Parlamento turco. Sin embargo, las imágenes de la celebración enfurecieron a las asociaciones de víctimas del terrorismo, lo que motivó una nueva investigación judicial.
Los nacionalistas kurdos acusaron al Gobierno de que la "iniciativa" carecía de contenidos y lo cierto es que el ejecutivo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) apenas tomó más medidas que las de mejorar las condiciones carcelarias de Öcalan y garantizar que los presos pudiesen comunicarse en kurdo. Las reformas exigidas por los kurdos para que la educación pueda ser recibida en su lengua materna no se llegaron a llevar a cabo ya que suponen una "línea roja" para el centralismo de Ankara, aunque sí se abrieron institutos de lengua kurda en diversas universidades.
Por otro lado, el pasado diciembre un grupo autónomo dentro del PKK rompió por su cuenta el alto el fuego que la organización mantenía desde hacía ocho meses con un ataque a un convoy militar en la localidad norteña de Resadiye, matando a 7 soldados. Una semana después, el Tribunal Constitucional recuperó el dossier sobre la ilegalización del DTP, aparcado desde hacia varios años, y ordenó la clausura del partido kurdo (posteriormente refundado como Partido de la Paz y la Democracia, BDP), acusándolo de actividades "separatistas" y de estar "ligado" al PKK.
Tras esta decisión judicial, se desataron los procesos y las detenciones de cientos de representantes electos del DTP, acusados de pertenecer a la Confederación Democrática del Kurdistán (KCK), el entramado político-social bajo el que actúa el PKK. El 6 de abril, la Fiscalía de Diyarbakir pidió el enjuiciamiento de los 30 adultos -los otros cuatro son menores de edad- que formaban parte de los "grupos de paz" del PKK y diez días después uno de ellos fue condenado a 10 meses de prisión por hacer "propaganda" del grupo considerado terrorista. En junio se ordenó prisión preventiva para 10 miembros del grupo, por lo que los restantes decidieron regresar al norte de Irak.
En un comunicado difundido por el PKK, el "grupo de paz" explica: "Esencialmente, el gobierno del AKP ha querido continuar la política de represión política y asimilación social (de los kurdos) que ha llevado a cabo el Estado de Turquía en los últimos 87 años".
Con la llegada de la primavera y el verano se han intensificado los combates entre el ejército turco y el PKK, de un modo en que no se habían visto desde los años 1990. En los últimos tres meses, unos 70 miembros de las fuerzas de seguridad y más de 200 rebeldes kurdos han muerto en los enfrentamientos. Por ello, 650 organizaciones de la sociedad civil hicieron hoy un llamamiento conjunto para que "callen las armas", tanto del ejército como del PKK, pero la esperanza del pasado otoño parece haberse evaporado.
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