Estambul
Tras la victoria electoral del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, islamista moderado), la principal fuerza opositora de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda), se ha ofrecido a pactar una nueva Constitución que sustituya a la Carta Magna impuesta por los militares en 1982.
El AKP revalidó el domingo su mayoría absoluta pero vio como descendía su número de escaños hasta los 326, lo que le impide convocar un referéndum de aprobación constitucional, para el que son necesarios tres quintos del Parlamento (330 de 550 diputados). El CHP tendrá 135 escaños en el nuevo hemiciclo, una cifra que, sumada a los diputados del AKP, basta para superar los dos tercios en la Cámara (367 diputados), lo que permitiría aprobar la nueva Constitución por la simple vía parlamentaria y sin necesidad de referéndum.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió tras su triunfo electoral que "llamará a las puertas" de la oposición y la sociedad civil a la hora de redactar la nueva Constitución. "No dejaré a Erdogan (esperando) en la puerta", contestó el líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, según informó hoy la cadena NTV. Desde la llegada de Kiliçdaroglu al liderazgo del CHP, ha logrado establecer una línea política aperturista en un partido que tradicionalmente se había alineado con los militares para cerrar el paso a los islamistas moderados.
No obstante, el CHP ha avisado ya de que no está dispuesto a modificar los tres primeros artículos de la Constitución, que establecen la condición laica, republicana y democrática del Estado turco, además de su lealtad al "nacionalismo de Atatürk" (el fundador del CHP y de la Turquía moderna) y la indivisibilidad del Estado. "Tampoco vemos bien el cambio hacia un sistema presidencialista (que era una de las intenciones de Erdogan). Fuera de estas cuestiones no tenemos ningún prejuicio", aseguró Kiliçdaroglu.
El CHP propone establecer una comisión constitucional consensuada en la que "al menos haya dos representantes de la sociedad civil" junto con los representantes de los cuatro partidos parlamentarios. Sin embargo, Erdogan mostró el domingo incluso su disposición a consultar a la oposición extraparlamentaria.
Los nacionalistas kurdos -con 36 escaños en el Parlamento- ya dejaron claro antes de las elecciones que exigirán la protección constitucional de la lengua kurda. Además, proponen establecer autonomías de forma similar al modelo español, algo que no gusta al resto de partidos de un país que ha hecho del centralismo a la francesa su razón de ser. El CHP, por su parte, ofrece un pacto para reforzar el gobierno local dotándolo de mayores transferencias pero sin hacer peligrar el "Estado unitario". Tampoco es favorable a permitir una protección constitucional de las lenguas que no sean el turco, aunque ha suavizado su postura respecto a permitir la enseñanza en lengua kurda y está dispuesto a modificar la actual referencia a que todos los habitantes del Estado son "turcos" por el término de "ciudadanos", sustituyendo "toda referencia a raíces raciales, étnicas y religiosas por un lazo legal". El partido centroizquierdista también quiere que la nueva Constitución refuerce los instrumentos par asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la libertad de prensa, así como eliminar los tribunales especiales y el Tribunal Militar Supremo.
Uno de los puntos en que el CHP y los kurdos están de acuerdo es en reducir la barrera electoral al 5 % desde el 10 % actual, que obliga a los kurdos a presentarse como independientes para lograr representación parlamentaria. La tercera mayor formación de la asamblea, el ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), no ha fijado su línea en ese ámbito, aunque uno de sus dirigentes ha dejado claro que su grupo contribuirá a "lograr un acuerdo entre toda la sociedad". En todo caso, se oponen a cualquier modificación del Estado unitario y a reforzar el poder local "si tras ello se esconde una regionalización o federalización del Estado turco".
Otra cuestión en la que se podría lograr un pacto entre los principales partidos es en levantar la obligatoriedad de la asignatura de religión -en su versión musulmán suní- que curiosamente impusieron los militares turcos -autoproclamados defensores del laicismo oficial- tras su golpe de 1980 con el objetivo de reducir la penetración de ideas izquierdistas en las clases populares.
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